Gonzalo Sánchez de Lozada
- Nombre: Gonzalo Sánchez de Lozada
- Gobierno: constitucional / constitucional
- Periodo de presidente: 1993-1997 / 2002-2003
Gonzalo Sánchez de Lozada es un político y empresario boliviano, sexagésimo primer Presidente de Bolivia y elegido en dos ocasiones: su primer gobierno fue desde el 6 de agosto de 1993 hasta el 6 de agosto de 1997 y el segundo desde el 6 de agosto de 2002 hasta su renuncia por presión popular tras enfrentamientos entre civiles y fuerza pública que representaron el fallecimiento de al menos 70 personas el 17 de octubre de 2003.
Nació el 1 de julio de 1930, en el céntrico Murillo, La Paz, Bolivia. Perteneciente a una de las familias más sobresalientes de Bolivia, hijo de Enrique Sánchez de Lozada Irigoyen y Carmen Sánchez Bustamante. Vinculados al partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), su padre ejerció durante muchos años en Estados Unidos, asumiendo la embajada diplomática en Washington, entre 1930 y 1936, y como catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Harvard.
Presidente de Bolivia (1993-1997)
El 6 de agosto de 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada tomó posesión de la Presidencia con un mandato cuatrienal, en un acto al que asistieron los presidentes Carlos Menem de Argentina, César Gaviria de Colombia, Alberto Fujimori de Perú y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay (éste último en calidad de presidente electo), así como, realizando una visita histórica, el presidente cubano Fidel Castro Ruz. La primera gestión presidencial estuvo caracterizada por un amplio compendio de reformas en la educación, los órganos de justicia, los servicios sociales y, sobre todo, en la economía, cuyo enfoque muy liberal apuntó al deseo del mandatario, por largo tiempo acariciado, de meter al país de manera total y definitiva en las corrientes de integración regional y de mundialización de los intercambios.
Dispuso la descentralización administrativa, Gonzalo Sánchez de Lozada introdujo el sistema de fondos de pensiones gestionados por empresas privadas y emprendió una privatización consistente en la apertura de las empresas de propiedad estatal al capital foráneo -europeo, estadounidense y sudamericano, que podía adquirir la mitad de sus acciones y hacerse cargo de su administración. La Ley de Capitalización, de marzo de 1994, autorizaba al Ejecutivo a vender hasta el 50% de los activos empresariales a compradores privados y a transferir gratuitamente el otro 50%, de titularidad estatal, a todos los ciudadanos mayores de edad mediante las llamadas «acciones populares», las cuales servirían para financiar las pensiones de jubilación contratadas con sociedades privadas.
Los campesinos cocaleros, sobre todo los de la región selvática de Chapare, en Cochabamba, liderados por el indígena aymara Evo Morales Ayma, jefe sindical de la Coordinadora de Federaciones del Trópico de Cochabamba, y alentados por el también aymara Felipe Quispe Huanca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), no dejaron de quejarse de lo magro de las indemnizaciones que recibían por la venta de sus fincas al Gobierno, cuando no se oponían resueltamente, a veces recurriendo a la violencia, al conjunto del plan gubernamental, que no desdeñaba las expropiaciones forzosas y que apostaba por las siembras de banano, piña, palmito y flores tropicales.
Fuera de esta controversia, el Plan de Capitalización aportó al Estado ingresos por valor de 1.700 millones de dólares a la vez que tuvo un efecto catalizador de un proceso ya en curso, el de la progresiva dolarización de la economía boliviana. Tal como había anunciado, en noviembre de 1996, el Gobierno se apoyó en ese 50% de acciones reservado al Estado de los seis monopolios intervenidos para lanzar un bono anual de solidaridad (bonosol) de 240 dólares dirigido a todos los bolivianos mayores de 21 años y cubrir así una deuda social perentoria. Los bonos sociales y los fondos de pensiones mantenidos en parte con las aportaciones en cuenta individual de los afiliados a la seguridad social pretendían hacer llegar a los ciudadanos los beneficios de las privatizaciones parciales.
El 6 de agosto de 1997 Gonzalo Sánchez de Lozada hizo entrega de la Presidencia a Hugo Banzer Suárez, quien formó la llamada megacoalición de Gobierno con todos los partidos parlamentarios, más unos cuantos extraparlamentarios, a excepción del MBL y la Izquierda Unida.
Presidente de Bolivia (2002-2003)
Gonzalo Sánchez de Lozada asume la Presidencia de la República de Bolivia al ganar por quinta ocasión una elección nacional. Es favorecido por una asociación de su partido el MNR, con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), al que luego se sumaría NFR (Nueva Fuerza Republicana) dividiendo los cargos políticos entre los 3 partidos.
Ocupa la presidencia para enfrentar una crisis social y económica hereda del anterior gobierno. El crecimiento económico del país bajó de un 4,8% al final de la primera presidencia de Sánchez de Lozada a 2% en 2002. El déficit fiscal al 2002 era del 8%. El 6 de diciembre Gonzalo participó en Brasilia en la XXIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, que entrañó la adopción del Acuerdo de Complementación Económica entre el MERCOSUR y la CAN, con vistas a articular un Área de Libre Comercio entre los dos bloques a corto plazo, así como los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos y Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que allanaban el camino para la libre circulación de personas entre los países signatarios, un avance fundamental hacia la construcción de un mercado común.
El 10 de febrero el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada presentó el nuevo impuesto directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que esperaba obtener los ingresos fiscales que no generaba el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el cual permitía hasta ahora a los bolivianos deducir con facturas de consumo incluso la totalidad del gravamen del 13% sobre la renta personal. El país se sumergió en un gigantesco caos a raíz de los choques entre unos cuantos millares de manifestantes y efectivos del Ejército. El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumergirse en la insurrección popular y 20.000 personas manifestándose en las calles, y las protestas extendiéndose a los demás departamentos del país a excepción de los habitualmente pacíficos Beni y Pando. Gonzalo Sánchez de Lozada efectuó un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los planes sobre el gas y convocaba a un diálogo nacional que se desarrollaría hasta el 31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno recogería las opiniones de todos los sectores sociales.
El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada empezó a sufrir desplantes políticos en su propio campo. El mismo día 13, el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, retiró su apoyo a Gonzalo alegando razones de conciencia, mientras que el ministro de Desarrollo Económico, el mirista Jorge Torres Obleas, presentaba la dimisión también en desacuerdo con el recurso al Ejército para frenar las protestas. Acosado por estos sectores y ante la pérdida de apoyo de los partidos que formaban la coalición de gobierno (MIR y NFR), el 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la Presidencia de la República mediante carta al Congreso Nacional y deja el país.
Juicio de Responsabilidades
En 2004, después de una campaña concertada por las familias de las víctimas y grupos de derechos humanos, que se reunieron más de 700.000 firmas en peticiones, 2/3 del Congreso de Bolivia votado para autorizar a un «juicio de responsabilidades» del presidente exiliado. Se pretendía determinar si Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros deben ser legalmente responsables de la violencia de la guerra del gas. Los partidarios incluyen a muchos de partido del presidente, lo que refleja un amplio consenso en que el gobierno dio la responsabilidad principal de las muertes.
La oficina del Procurador General tomó declaración a doce ministros, que también atribuyó la culpa a Gonzalo Sánchez de Lozada, y llevó a cabo investigaciones preliminares detallados. Su trabajo incluyó estudios forenses, investigaciones de la escena del crimen, y el testimonio de testigos. Evo Morales, uno de los principales líderes de la protesta, se ofreció voluntariamente a pruebas. En agosto de 2011 la Corte Suprema de Bolivia condenado a cinco miembros de las fuerzas armadas y los dos políticos a entre tres y quince años de prisión por su papel en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2003.
Intentos de extradición
El 11 de noviembre de 2008, Bolivia sirvió formalmente al gobierno de Estados Unidos con una solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia. La petición fue rechazada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012, bajo el argumento de que las acciones de Sánchez de Lozada no son un delito en los EE.UU., y que no existía una condición de doble incriminación. Se dice que ningún presidente de Estados Unidos podría ser acusado por los delitos definidos por el Estado boliviano.
El 10 de noviembre de 2009, el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Sur de Florida dictaminó que las reclamaciones por cargos de crímenes contra la humanidad en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada tuvieron ningún caso. El tribunal dictaminó que las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales podrían llevarse a cabo con el fin de permitir que dos casos de Estados Unidos relacionados con el progreso contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez Berzaín.
Los demandantes en los casos, Mamani, et al. v. Sánchez de Lozada, y Mamani, et al. v. Sánchez Berzaín, buscan daños compensatorios y punitivos bajo el extranjero Tort Statute (ATS). El 20 de mayo de 2014, el juez James Cohn ordenó que las reclamaciones de los demandantes en virtud de la víctimas de la tortura Ley de Protección (TVPA) podrían proceder porque lo suficientemente supuestos hechos que «plausiblemente sugieren que estos homicidios fueron deliberados,» y porque alegaron adecuadamente que los acusados eran responsables de los homicidios. El caso fue suspendido el 19 de agosto de 2014 en espera de la apelación de la decisión del tribunal de distrito de los acusados. -Acusados recurrentes presentaron su escrito al Tribunal de Circuito de Apelaciones del Undécimo el 14 de enero de 2015. Los demandantes-apelados presentaron su escrito el 6 de marzo de 2015. La Corte del 11 Circuito de Apelaciones emitió su decisión el 17 de junio de 2016.